Los vigilantes del Aeropuerto de Santiago denuncian a su jefe por acoso: "Un compañero tuvo que hacer sus necesidades encima".

A3 /Los vigilantes de seguridad del Aeropuerto de Santiago han denunciado a su jefe por el acoso laboral que, según aseguran, han sufrido durante años. El coordinador de seguridad del aeropuerto ha sido juzgado este lunes por los cargos que se le acusan.

Los empleados han denunciado insultos, abusos de poder y que no les dejaban unos minutos ni para ir al baño o tomar un medicamento. Algunos de estos trabajadores tuvieron que cogerse, incluso, una baja por la presión a la que estaban sometidos.

Una de las trabajadoras denunció que, "cuando tenía la menstruación no le dejaba ir al baño para poder cambiarse".

Otro compañero ha denunciado "que se tuvo que hacer sus necesidades encima porque no le daban relevo". A pesar de que haya, como dicen, 50 vigilantes y la posibilidad de sustituirlos puntualmente.

A eso se suman los insultos, los abusos de poder y las bajas por estrés y ansiedad se acumulan, a la vez que el ambiente en el trabajo se hace cada vez más complicado. "El resto de compañeros y compañeras para no sufrir esas represalias le tienen que hacer el vacío a esta gente y es una situación insufrible, inaguantable", ha asegurado.

Decenas de trabajadores se han manifestado este lunes a las puertas de los juzgados de Santiago de Compostela, donde se está juzgando al coordinador de seguridad.

Fuente: www.antena3.com

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Los vigilantes de Securitas no tendrán que presentar antecedentes penales, según la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional ha obligado a la empresa de seguridad Securitas a que deje de solicitar a sus trabajadores un certificado de antecedentes penales, al entender que esta práctica conlleva un ilícito de datos personales que sólo pueden ser gestionados por las autoridades.

En la sentencia, conocida este miércoles, la sala de lo Social da la razón, y explica que de la normativa que rige este tipo de servicios “no cabe inferir en modo alguno que las empresas de seguridad estén facultadas para recabar datos referentes a condenas penales de los vigilantes”.

Los magistrados inciden en que las compañías no tienen “ninguna intervención” en la gestión y expedición de la tarjeta de identificación personal, esto es, en la habilitación de un empleado como vigilante de seguridad, al tratarse de una “competencia atribuida al Ministerio del Interior”.

Habrá de ser, por tanto, la Dirección General de Policía la que, “a través de los órganos correspondientes”, deba recabar y verificar los datos “tanto para la inicial expedición de la misma (la tarjeta), como para el mantenimiento de ésta durante su vigencia”.

Así pues, prosiguen, la intervención de la empresa de seguridad se limita “únicamente” a comunicar las altas y las bajas de su personal al registro nacional, a fin de que las autoridades competentes comprueben si el trabajador está habilitado o no.

La sala que preside la juez Emilia Ruiz-Jarabo también entra a valorar la calidad de los datos que se incluyen en el certificado, y asegura que “exceden” los límites de los que se requieren para obtener la habilitación profesional, pues recogen las condenas que aún no han dado lugar a antecedentes al estar pendientes de recurso.

Finalmente, remite a uno de los argumentos de Securitas, que alegó que no se requería a los trabajadores un certificado sino “simplemente” una declaración y que no se había sancionado ni despedido “a nadie” por negarse a prestarla.

Para los magistrados, este hecho prueba que los datos “carecen de relevancia alguna para la ejecución del contrato”, entre otros motivos, porque la empresa está obligada a incorporarlo a la plantilla según lo dispuesto en el convenio sectorial...

Fuente: www.intereconomia.com