ANA BELÉN RAMOS / Jornadas extenuantes, salarios que rozan la miseria, inestabilidad y conflictos laborales, horas extras no remuneradas, contratos por horas, parciales o temporales, externalización de servicios o bajas cotizaciones son sólo algunos de los problemas estructurales que arrastran los sectores con los empleos más precarios del país.
A tenor de la reforma laboral de 2012, la precariedad laboral se ha agudizado a pasos agigantados en diferentes sectores. Con ella, el convenio laboral de la empresa comenzó a tener prevalencia sobre el sectorial, con el consiguiente auge de la tendencia a externalizar los servicios por parte de las grandes compañías con el objetivo de abaratar costes pasando, eso sí, por la devaluación de los salarios y condiciones de sus trabajadores y fomentando, además, la figura de los trabajadores multiservicio que pueden llegar a cobrar un 60% menos.
Así, hoy en día el hecho de encontrar un trabajo, especialmente entre los jóvenes, ya no implica que puedan dejar de depender económicamente de sus familias. Según un informe de CCOO, en 2017 uno de cada cuatro asalariados en España tenía contrato temporal, una situación que se agrava para los menores de 29 años, cuya temporalidad llega al 57%. Además, la renta media de los menores de 35 ha descendido un 25% entre 2008 y 2014. De estas cifras también se desprende que el mayor porcentaje de temporalidad recae sobre ellas, con un 80%.
La situación es especialmente delicada en determinados sectores laborales del panorama nacional, donde tanto trabajadores con años de experiencia como jóvenes que acceden por primera vez al mundo laboral se encuentran en la cuerda floja, enfrentándose a salarios precarios, escasos derechos laborales, libranzas insuficientes o a la conocida como polivalencia funcional.
1. Vigilante de seguridad. Según cifras de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), en España hay un total de 79.175 vigilantes de seguridad privada, un 87% de los cuales son hombres. Nos encontramos en un sector en el que los profesionales asumen la competencia desleal, el intrusismo laboral o la inseguridad jurídica como el pan de cada día. Se trata de uno de los sectores donde más se ha notado la devaluación salarial derivada de la externalización, con un sueldo base que en 2018 se sitúa, en el mejor de los casos, en los 1.145 euros para los vigilantes sin arma, y de 1.269 con ella, cantidades en las que se incluye el prorrateo de las pagas extra. Por esta remuneración, los profesionales se enfrentan a jornadas que en muchos casos sobrepasan las 12 horas diarias; fuertes riesgos laborales, ya que los casos de agresión en esta profesión son muy frecuentes; prohibición del derecho a huelga; nivel cero de conciliación; obligación a ejercer tareas diferentes a las asignadas por contrato; y, en muchos casos facilitación de los despidos y bajadas salariales derivadas de la reforma de 2012. Además, el sector público acapara un 16% del trabajo del gremio, y las asociaciones denuncian una constante “corrupción” por los problemas de contratación pública.
