Actualizado 15/AGOSTO/2019 Y MÁS DE 7500 TRABAJADORES SIGUEN SIN COBRAR SUS NÓMINAS #OmbudsNoPaga #HuelgaIndefinida . NUEVO APARTADO: BOLETÍN INFORMATIVO JULIO 2019, SECCIÓN SINDICAL INV, ENLACE A RED@ZUL DEL CNP, ENLACE AL NAA (NIVEL DE ALERTA ANTITERRORISTA), CURSOS/FORMACIÓN, NOTICIAS PRENSA...

jueves, 15 de agosto de 2019

La caída de los Cortina, la familia tras la huelga de vigilantes de metro y EMT.

El imperio de seguridad de la familia Cortina está contra las cuerdas. Vigilantes de Metro de Madrid y de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) comenzaron este martes su huelga indefinida después de que Ombuds, una de las mayores empresas de seguridad en España, no les haya abonado ni la paga extraordinaria de julio ni la nómina de junio. La compañía, controlada por el fondo de inversión estadounidense JZI y los Cortina, entró en concurso de acreedores a finales de julio tras fracasar las negociaciones para obtener nuevas líneas de financiación, una situación que ha dejado en el limbo los salarios de más de 6.000 empleados.

Ombuds fue fundada en 1995 por los Cortina, una familia con importantes contactos tanto en el ámbito militar como político. Al frente de la empresa se puso a José Rodrigo Cortina, hijo de Antonio Cortina, un experto en campañas electorales que en los años setenta ejerció como mano derecha de Manuel Fraga en Alianza Popular. Más allá de su influencia en el partido, destacó también en el ámbito empresarial como consejero delegado de la compañía Aseprosa, también dedicada al sector de seguridad y vendida en 1999.

Fotografía de 2013 de José Luis Cortina. (EFE)
Pero padre e hijo no son los únicos de la familia que se dedican al sector de seguridad. De hecho, ni siquiera son los miembros más mediáticos del clan. José Luis Cortina, hermano de Antonio, supera con creces a ambos en cuanto a menciones en los periódicos se refiere. Compañero de promoción del Rey emérito en la Academia General Militar y jefe de operaciones del Cesid, antecesor del CNI, Cortina fue procesado como presunto autor de un delito de rebelión militar por el fallido golpe de Estado del 23-F. Aunque el entonces comandante de Infantería llegó a entrar en la cárcel militar de Alcalá de Henares por estos hechos, finalmente se le absolvió.

Su nombre, sin embargo, volvió a sonar con fuerza en 1991 por la filtración al diario 'El Mundo' de los planes secretos Papá Tango y Papá Golf, documentos que probaban que España planeaba enviar tropas en la primera Guerra del Golfo. Aunque a Cortina se le acusó de haberlos filtrado, la investigación no pudo probarlo y la causa fue sobreseída al no darse con el culpable.

A partir de los años noventa, Cortina se enfocó en el sector de la seguridad como empresario y puso en marcha la compañía I2v, propietaria entre otras firmas de Grupo Atenea, organizadora de eventos relacionados con este ámbito empresarial, como la feria de seguridad Homsec. “Aquí no se vende, se viene a hacer contactos y fuera se cierran los acuerdos”, explicaba en 2017 Antonio Manzano, subdirector del Grupo Atenea, sobre la edición celebrada ese año. “El objetivo es que las industrias presenten sus innovaciones a los gobiernos, que son los que compran —tanto de España como de otros países—, y a los usuarios finales: Policía, Ejército...”.

Pero entre todas las empresas de seguridad que han dirigido los Cortina, la que más ha destacado en los últimos años es Ombuds. La compañía se convirtió en una de las más destacadas del sector al ofrecer servicios de escolta a amenazados por ETA, un negocio que terminó por atraer a grandes inversores: en mayo de 2011, cuatro meses antes de que la banda terrorista anunciara su cese definitivo, los Cortina vendieron el 75% de Ombuds al fondo de inversión estadounidense JZI por una cantidad que se desconoce, quedando el 25% restante en manos de la familia, que mantuvo a Rodrigo Cortina en sus funciones ejecutivas.

A partir de ese momento, la empresa fue incapaz de generar los mismos beneficios que en la época de ETA, terminando así por entrar en concurso de acreedores de forma voluntaria el pasado julio. A la hora de analizar la situación, el sindicato mayoritario en el sector de seguridad privada y convocante de la huelga en el metro de Madrid y la EMT, Alternativa Sindical, apunta de forma directa a los Cortina: "Ellos son los culpables". Según explica Alberto García, portavoz del sindicato, Ombuds cometió un error al absorber la empresa Castellana de Seguridad (Casesa) en 2017, una firma que "en aquellos momentos la propia auditora les advirtió de que era un negocio ruinoso". Pese a ello, "la familia Cortina, por la avaricia y el afán de convertir Ombuds en la tercera empresa de seguridad del país, se empecinó en comprarla".

Se buscan vigilantes 'esquiroles' madrileños para la huelga en el aeropuerto de El Prat.

DIARIOCRÍTICO / Se buscan vigilantes 'esquiroles' madrileños para la huelga de los arcos de seguridad en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Así, como un reclamo de un anuncio, es como está procediendo la empresa de servicios Trablisa, que está sufriendo estos días los paros de sus trabajadores por motivos laborales.

Según ha podido saber 'La Vanguardia', la compañía Trablisa (Transportes Blindados, SA) está buscando trabajadores en Madrid dispuestos a ir a ocupar los puestos que están en baja por la huelga en los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona. El objetivo es cubrir la huelga indefinida a partir de la semana que viene, aunque está funcionando con unos servicios mínimos del 90%, impuestos por las autoridades.

En las indicaciones del anuncio se detalla que "los vigilantes recibirán una formación específica a la llegada" y que "no todos irán a escáner". Se les ofrece a "- horas pagadas a entre - y - euros la hora teniendo en cuenta el convenio nacional y los pluses estipulados", explica la oferta, a modo de contrato eventual, por un total de "720 euros y un contrato temporal por esos días".

Las fechas que interesa a Trablisa reforzar son del lunes - al viernes -, con el objetivo de reforzar salidas y llegadas vacacionales en pleno mes de agosto.

Fuentes sindicales apuntan a este diario que protestarán por estas contrataciones en caso de concretarse, ya que considerarán que atentan contra sus derechos laborales a la huelga, ya que la contratación de personal de esta manera tan provisional se debe sólo para refuerzos especiales por fuerte demanda en el aeropuerto, pero no para cubrir puestos de trabajadores en huelga.

Trablisa da otra versión y asegura que estas ofertas laborales puntuales son para cubrir el "incremento de bajas", no por la huelga. "Las bajas médicas pueden sustituirse y ante el incremento es necesario desplazar gente de otras delegaciones. Los días y número variarán en función de las necesidades del servicio", ha declarado la compañía a 'La Vanguardia'.

miércoles, 14 de agosto de 2019

La sombra de Eulen vuelve a El Prat: empleo precario y millonarios beneficios pese a las huelgas

María José Álvarez, presidenta de Eulen Grupo Eulen
Fernando Cano / Huelgas en aeropuertos de trabajadores de Eulen. Un titular que se puede leer prácticamente todos los veranos, puentes y navidades de los últimos tres años y que se ha convertido en un triste clásico de la época estival en la que los viajeros deben soportar largas horas de espera por las paralizaciones de los guardias de seguridad y personal auxiliar de la compañía.

Eulen es una de las mayores multinacionales de servicios auxiliares con casi 30.000 empleados en España, con contratos en los aeropuertos más importantes de España como El Prat y Barajas, pero que se ha hecho célebre por las continuas huelgas de sus trabajadores que denuncian precarización del empleo y malas condiciones laborales.

Presidida por María José Álvarez, el enrarecido clima laboral de la compañía es un fiel reflejo de las disputas familiares por el control de Eulen. David Álvarez, su padre y fundador de la empresa y de la bodega Vega Sicilia, falleció en noviembre de 2015 sin cerrar la guerra familiar que le enfrentó a él y a María José y su hermano Jesús David, con sus otros cinco vástagos: Marta, Elvira, Juan Carlos, Emilio y Pablo.

Mientras los hermanos controlan la bodega familiar y El Enebro, la patrimonial de la familia que está repartida en partes iguales entre todos los herederos de David Álvarez; María José se mantiene como administradora única de Eulen a través de su sociedad Daval Control (con el 59% de Eulen). De carácter reservado, poco dada a llegar a acuerdos y dura en el trato, sus hermanos la responsabilizan de los problemas de la empresa de servicios.

Eulen, la "joya de la corona"

María José controla la joya de la corona. Mientras Vega Sicilia facturó 37,4 millones en 2018, Eulen ingresó 651,4 millones. Y es que Eulen se ha hecho fuerte en la época de mayores problemas laborales con sus trabajadores logrando beneficios por 14,1 millones de euros en los dos últimos años (4,8 millones en 2017 y 9,3 millones en 2018), periodo en el que se han multiplicado las huelgas de sus trabajadores en El Prat y Barajas.

Las cuentas de la compañía remitidas al Registro Mercantil indican que los ingresos de la empresa crecieron un 6,4% en plena tormenta laboral hasta los 651 millones. En este mismo periodo los gastos de plantilla crecieron apenas un 3%, la mitad de los ingresos, hasta los 517,9 millones de euros.

Eulen S.A, la sociedad con la que operan en España, declaró tener 28.543 trabajadores al cierre de 2018. Si consideramos que los gastos de personal son de 517 millones vemos que el sueldo medio pagado por la compañía fue de 18.145 euros brutos. Esto sin incluir los salarios de los directivos, que dejarían la media de los trabajadores de aeropuertos -los que realizan huelga- en una cifra muy inferior.

Pero el problema no es solo el salario. De estos 28.543 trabajadores, 11.326 son sin contrato indefinido, elevando la tasa de temporalidad de su plantilla al 40%. Precisamente las demandas de los trabajadores tienen que ver con esta temporalidad y con los bajos salarios que la compañía paga a sus empleados.

Dos años de huelgas

El caso más reciente lo tenemos en El Prat. Los trabajadores de seguridad del aeropuerto de Barcelona enfrentan su sexto día de paro indefinido pidiendo mejoras en cuestiones como la compensación de la sobrecarga de trabajo con un plus de un euro por hora trabajada, la formación que reciben, que se cumpla con la paridad entre los trabajadores y que se garanticen los descansos.

La empresa concesionaria es Trablisa, adjudicataria del servicio de seguridad en el Aeropuerto de Barcelona desde junio de 2018 y hasta mayo del año que viene. Trablisa hereda la concesión y la subrogación de sus casi 400 trabajadores de Eulen, la anterior concesionaria, que ya vivió huelgas en verano de 2017 y que perdió su concesión tras la fuerte conflictividad laboral.

Después de un laudo con Eulen y una huelga que generó caos en ese verano, se estableció un complemento de hasta 200 euros por 12 mensualidades, que absorbía las otras bonificaciones que puedan tener los trabajadores, de manera que los salarios, que oscilaban entre los 900 euros y los 1.100, quedaban equiparados. Los trabajadores nunca terminaron de estar contentos con estas condiciones, un escasa mejora que Eulen heredó a Trablisa y que le convierte en el germen del conflicto que se está viviendo estos días en El Prat.

Pero la historia de conflictos de Eulen es larga. El precedente más reciente lo tenemos en Barajas donde los vigilantes de seguridad mantuvieron paralizaciones durante diciembre del año pasado y enero de este año.

"Vulnerar el derecho a huelga"

El comité de huelga exigía que la empresa abonara los pluses que les correspondían a los vigilantes, como los de radioscopia, rotación y productividad, que Eulen se comprometió a abonar, así como a cumplir con la normativa de paridad en el control de arcos (disponibles vigilantes hombres y mujeres para la revisión de los viajeros) y que proporcionara los materiales de trabajo necesarios, como ropa de abrigo. Beneficios, en teoría, acordados con el Ministerio de Fomento.

En este proceso, los trabajadores demandaron a la empresa por vulnerar el derecho a huelga, "venir obviando en las negociaciones al comité de huelga", así como de haber decretado "de forma unilateral y abusiva" unos servicios mínimos de hasta el 100%.

Y suma y sigue. Durante el verano de 2017, fueron los responsables de la mega-huelga de El Prat que se mantuvo hasta septiembre y amenazaron con movilizaciones simultáneas en Barajas. Los trabajadores de la empresa consultados por este diario insisten en señalar que las condiciones que ofrece la empresa no son las óptimas y que en el caso de los aeropuertos, la precariedad es mayor.

Su sueldo oscila según la antigüedad y algunos complementos, pero el grueso del personal cobra entre 900 euros y 1.100 euros, pese a las continuas movilizaciones de los últimos años. Esto obliga a los trabajadores a realizar horas extras que aumentan su carga laboral, pero no mejoran sustancialmente sus remuneraciones.