La obligatoriedad del uso de la mascarilla ha añadido tensión a la relación del personal de seguridad con los usuarios del transporte público. La difusión de vídeos e imágenes de actuaciones desproporcionadas por parte de los vigilantes contrasta con sus quejas porque, además de perseguir a carteristas, grafiteros y a aquellos que se cuelan sin billete, tienen que controlar, también, que todos los viajeros llevan bien puesta la mascarilla. Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) abrió en el primer semestre ocho expedientes por faltas graves a vigilantes de seguridad que desempeñaban sus funciones en la red de metro.
Es, pese al bajón de tráfico que acarreó el confinamiento —a finales de junio todavía no se había alcanzado el 50% del pasaje habitual—, un expediente más que los registrados en el mismo tramo del año pasado. Renfe, superando por poco la mitad de pasajeros, ha contabilizado en el mismo semestre 63 agresiones de viajeros a vigilantes de seguridad. “Estamos en un periodo de aumento de las agresiones”, admite la empresa, que también ha registrado 24 ataques a interventores y personal de taquillas.
En el primer tren del día que, el pasado viernes, partió de Mataró en dirección a L’Hospitalet de Llobregat se montaron dos hombres que no llevaban mascarilla. El personal de seguridad de Renfe les advirtió de que, sin la protección, no podían viajar. La situación se enredó y, finalmente, fue necesaria la intervención de una patrulla de los Mossos d’Esquadra.
Eran las cinco de la madrugada y los dos alborotadores remataban una noche de juerga, pero escenas parecidas se repiten a lo largo del día en la red de transporte público desde que impera la obligación de usar la mascarilla para viajar. “La mascarilla le añade problemas al vigilante. Estamos teniendo problemas porque el pasajero se rebota con el personal de seguridad que, en realidad, debería estar a otras cosas”, relata Jordi Bou, que acumula 20 años de experiencia como guardia privado en la red ferroviaria.
El problema no es exclusivo de Renfe.
Joaquim Domec es vigilante en el Metro de Barcelona: “Si te propones hacer cumplir lo que está mandado es una pelea constante, te montas en un vagón y ves que mucha gente no lleva la mascarilla”. El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha asegurado que se sancionará a todas aquellas personas que no lleven mascarilla, igual que se hacen cuando alguien circula con el coche “a más de 120 kilómetros por hora o cuando se salta un stop”. Le faltó concretar con qué medios se cuenta para perseguir a todos aquellos que lleven el rostro al aire.
El volumen de avisos que recibe Renfe de pasajeros que denuncian a otros que viajan dentro del vagón sin la mascarilla ha empujado a la compañía a variar su estrategia de gestión de los incidentes. Se deriva directamente a los Mossos cada aviso. En las cuentas de la empresa en las redes sociales cada denuncia de ausencia de mascarilla se despacha de la misma forma: “Lo trasladamos a la autoridad competente, los Mossos”.
“El problema siempre es el mismo: la Generalitat y las empresas fijan unas instrucciones y luego ya te apañarás para llevarlas a la práctica”, apunta Joaquim Domec, que asegura que “con los medios que hay, en el transporte público es imposible garantizar que la gente llevará mascarilla”.
Antonio Tarré se desempeña como vigilante en los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). “Parece como si no hubiese concienciación del uso de la mascarilla, avisas a alguien de que se la debe poner y, a la que te das la vuelta, se la ha quitado otra vez”, señala. “Como trabajador del transporte público me siento desamparado, tanto por la empresa como por los propios clientes. Estamos solos y nos toca controlar a una gran cantidad de usuarios”, lamenta.
La prioridad es que el tren corra y no haya retrasos, si hay un problema con un pasajero lo que tenemos que hacer es bajarlo al andén y, allí, apañarnos”, indica Jordi Miguel Cantero, delegado de transporte público del Sindicato profesional de seguridad privada (SPS).
Las actuaciones del personal de seguridad pueden desembocar en situaciones de tensión con el pasaje y, en ocasiones, en episodios violentos. Las filmaciones aparecidas sobre inmovilizaciones a pasajeros e intervenciones, presuntamente desproporcionadas, han llenado de sospechas el proceder de los cuerpos de seguridad privada en estaciones, andenes y vagones. “El problema es que por una mala actuación de una persona pagamos todo un colectivo”, lamenta Antonio Tarré. “Hay imágenes que nos hacen mucho daño, pero haría falta ponerse en la piel del vigilante”, apunta Joaquim Domec. Opina que, en ocasiones, los vídeos no reflejan “la realidad” de una intervención porque “ninguna actuación dura 30 segundos”. Aludir a un supuesto sesgo de los enfrentamientos que salen a la luz es una queja común del colectivo de seguridad privada.
A mediados de mayo Renfe expedientó y apartó del servicio a dos vigilantes de seguridad que, sin motivo aparente, agredieron violentamente a un pasajero que no llevaba la mascarilla a bordo de un tren de la línea R1, en Calella. Fueron denunciados por varios pasajeros que difundieron el vídeo de la agresión.
“Cada vez que la compañía abre un expediente por una actuación irregular, está poniendo en valor todo el trabajo bien hecho que realizan la mayoría de los vigilantes de seguridad”, justifica un portavoz de la compañía. Esta semana se viralizó otro vídeo, donde se veía a un vigilante de seguridad de la estación de tren de Sant Celoni, siendo agredido con su propia porra reglamentaria por una mujer que se había colado sin pagar.
El sueldo base que prevé el convenio de los profesionales de la seguridad privada roza los 1.000 euros por trabajar 162 horas al mes. En los vigilantes de transporte público las horas extra son comunes y, según varias fuentes consultadas, los sueldos oscilan entre los 1.100 y los 1.500 euros. A la hora de escoger entre Renfe, TMB y FGC, los vigilantes relegan a la compañía ferroviaria, porque “es donde hay más incidentes”. La frecuencia de las paradas de Metro posibilita tener apoyo de otros guardias en tres minutos pero los enlaces entre estaciones son más largos en Renfe. Además, en TMB se cobra un bono de 400 euros, una paga que en Renfe solo se llevan aquellos vigilantes que se integran en el GOP, el Grupo Operativo, que actúa en las intervenciones más comprometidas.
