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sábado, 13 de julio de 2019

Vigilantes atrapados entre el Ministerio de Trabajo y la precariedad laboral.

JAVIER MARTÍN-ARROYO / Una empresa despide, para evitar subrogarlos, a 17 vigilantes de Sevilla con atrasos salariales de la firma anterior en quiebra, Sinergias.

Francisco Ocaña y sus 16 compañeros vigilantes de seguridad en la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Sevilla se frotaban los ojos hace dos meses cuando su nueva empresa, RMD, les contó que debían renunciar a su antigüedad como trabajadores o iban a la calle. Algunos de ellos con 28 años acumulados en el puesto. “En casa me preguntaban ‘¿cómo estando en el Ministerio de Trabajo, que vigila por que las empresas cumplan sus obligaciones, os van a hacer esa barrabasada? Es imposible’. Y ni yo me lo creía”, relata. Pero tras semanas de incredulidad, los 17 vigilantes vieron que la realidad se imponía y eran despedidos por la firma ganadora del concurso de 586.060 euros al año ofertado por el Ministerio de Trabajo, responsable último de su paradoja laboral.

Llueve sobre mojado para estos 17 guardas de seguridad. Su anterior empresa, Sinergias de Vigilancia y Seguridad, propiedad del polémico empresario canario Miguel Ángel Ramírez, apodado el rey de la seguridad, les dejó una deuda en salarios impagados que ronda los 150.000 euros, según estiman los sindicatos. En paralelo, en 2017 el Ministerio de Trabajo denunció a Sinergias ante la Fiscalía después de haber propuesto sancionarla por fraude a la Seguridad Social.

Con esos precedentes, el pasado mayo los 17 trabajadores recibieron la propuesta de RMD para rebajarse el sueldo medio de 1.368 euros a 1.168 euros en 15 pagas al año. “Cuando llegó la hora de subrogarnos, RMD me exigió renunciar a 25 años de antigüedad, reiniciar de cero sabiendo que con la baja voluntaria la empresa te puede coger, o no. Aun estando la ley de nuestro lado”, insiste Ocaña, a quien Sinergias le adeuda 14.000 euros por salarios atrasados. Después de que la firma entrara en concurso de acreedores hace dos meses, el impago corresponde ahora al administrador concursal.

Tanto la Ley de Contratos del Sector Público, como el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo de empresas de seguridad estipulan que RMD debe subrogar a los trabajadores despedidos. “El Ministerio acepta el incumplimiento del contrato y nosotros estamos desamparados. Si lo hace Tesorería, ¿qué no harán las empresas? Además, la Inspección de Trabajo debería haber actuado de oficio”, se lamenta el vigilante Carlos García. El incumplimiento ha provocado que los siete sindicatos mayoritarios en el sector de la seguridad se hayan unido en una plataforma para obligar a Trabajo a reaccionar y denunciar los despidos...
Fuente: www.elpais.com

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