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jueves, 28 de junio de 2018

Interior incumple sus normas: ha seguido destinando efectivos policiales para ex altos cargos que llevan mucho tiempo fuera de la Administración.

EXTRACONFIDENCIAL.COM/ Un total de 200 Guardias Civiles y Policías Nacionales estaban destinados a servicios de escolta, con coches pagados con dinero público, a personalidades o ex altos cargos que llevaban mucho tiempo, incluso años, sin desarrollar actividad vinculada a funciones públicas. Y eso era antes de que unos 3.000 altos cargos del PP hayan tenido que abandonar, este mismo mes de junio, el puesto tras el cambio de Gobierno. El Ejecutivo de Mariano Rajoy decía que, tras la desaparición de ETA, se había retirado la escolta a cargos que ya no tenían nada que ver con la Administración, pero eso no es verdad, según los datos policiales a los que Extraconfidencial.com ha tenido acceso.
Según nuestras fuentes, el Ministerio del Interior ha venido destinando hasta ahora -veremos qué hace el nuevo ministro, el Juez Fernando Grande-Marlaska-, alrededor de 200 Guardias Civiles y Policías Nacionales para la escolta de ex altos cargos o familiares suyos, además de los vehículos necesarios para labores de vigilancia o contravigilancia. El desglose de los datos es el siguiente:
– 15 Guardias Civiles y 123 Policías Nacionales prestan servicio de escolta a personalidades o ex cargos públicos que actualmente no desarrollan actividad vinculada a funciones públicas.
– 35 Guardias Civiles y 15 Policías Nacionales realizan funciones de seguridad estática en domicilios de personalidades o a ex cargos públicos que actualmente no desarrollan actividad vinculada a la función pública.
– 4 Guardias Civiles y 4 Policías Nacionales prestan servicio de seguridad a familiares de personalidades o cargos públicos.
Según nuestros datos, en el caso de la Dirección General de la Guardia Civil, estos servicios se realizan en vehículos de características acordes al objetivo a prestar y al lugar en el que se presta, sin estar adscritos los mismos a un servicio concreto.
En lo que respecta a la Policía Nacional, es verdad que ningún familiar de personalidades o cargos públicos, ni tampoco de ex cargos públicos, dispone de vehículo oficial ni de conductor, pero, sin embargo, por parte de la Dirección General de la Policía Nacional hay dos vehículos de alta gama adscritos al servicio de protección de ex altos cargos que actualmente no desarrollan la actividad vinculada a funciones públicas.
En todo caso, no consta que empresas de seguridad privada estén prestando servicio de escolta a personalidades o ex cargos públicos; es decir, que los que tienen escolta, ésta es pública -Policías o Guardias Civiles-, no privada. En cuanto al coste medio anual de los otros vehículos para contravigilancia supera los 30.000 euros.
Incumplimiento de la orden de retirada de escoltas de 2012
La retirada oficialmente de escoltas se produjo en 2012, mucho después que ETA anunciara un alto el fuego definitivo, y se hizo efectiva a través de la Instrucción número 3/2012, de la secretaría de Estado de Seguridad, Ana María Botella, junto con sus normas complementarias. Se trataba de optimizar la utilización de los recursos públicos, de forma que solo se proporcionara el servicio de protección a quien realmente lo requiriera en atención a sus circunstancias personales y al grado de amenaza real que soportaba.
Desde entonces se minimizó el catálogo de autoridades que debían contar con servicio de protección por razón exclusiva de su cargo. Para velar por esos principios se creó la Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección, bajo dependencia del secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Entre sus misiones estaba la de elaborar el catálogo de cargos públicos que debían contar con servicio de protección por razón de su cargo, el tiempo y modalidad de protección y los medios humanos y materiales a emplear, así como los criterio de temporalidad para retirar dicho servicio una cesaran en sus funciones, previa evaluación individualizada del nivel de riesgo del ex cargo público.
A la vista de los Informes específicos, era la Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección la que acordaba el servicio en cada caso, aunque siempre con un criterio muy reducido que, a la hora de la verdad, no era así. La evaluación objetiva debía revisarse cada seis meses mínimo para adaptar el servicio a las necesidades reales de protección o para que la Comisión pudiera acordar la retirada de dicha protección.
Es verdad que se retiraron cientos de Agentes que hasta entonces estaban en protección de ex cargos públicos, pero aún quedan alrededor de 200 -a los que hay que añadir los de Euskadi y Cataluña, que cuentan con sus propios servicios-, que prestan escolta no se sabe muy bien por qué razones a quien no tienen ningún puesto en la Administración desde hace años.
Jorge Ventura.

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