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lunes, 16 de diciembre de 2019

Ombuds quebró con un agujero de 231,7 millones.

Cristina Farrés / El gigante de la seguridad privada Ombuds declaró de forma voluntaria su quiebra con un pasivo de 230,73 millones de euros. Este es el agujero que resisten las cuentas de la sociedad de la familia Cortina y el fondo de inversión estadounidense JZ Business, tal y como indica el administrador concursal de la compañía, el letrado Ferran Zaragoza, del bufete Baker Tilly, en el informe remitido a la titular del Juzgado de lo Mercantil 13 de Madrid, Bárbara Córdoba, al que ha tenido acceso Crónica Global.

Son dos las sociedades que reparten este montante. La principal, Ombuds Compañía de Seguridad soporta 180,05 millones. La mayoría de la deuda está categorizada como ordinaria (66,97 millones), seguido de los créditos subordinados (44,12 millones) y los que tienen privilegio general (33,97). La masa activa de esta mercantil sólo alcanza los 65,58 millones, cifra que sí cubriría los 22,36 millones de créditos contra la masa que se han generado desde que se reconoció el concurso en julio, y que son los primeros que se liquidan.

Situación de Ombuds Servicios

Ombuds Servicios, la otra gran filial del grupo de seguridad privada, soporta 50,67 millones de pasivo y cuenta con una masa activa que supera por poco los 14,55 millones. De todos ellos, 32,56 millones son créditos ordinarios.

Es la cifra más destacada de la lista de pagos en la que ha trabajado Baker Tilly en los últimos meses. El siguiente montante destacado son los 8,9 millones de créditos ordinarios contingentes (que están aún menos reconocidos en el orden de liquidación). Los que gozan de una prioridad máxima sólo llegan a los 2,88 millones.

Motivos de la quiebra

Zaragoza reconoce en el informe entregado al juez que Ombuds llegó a la quiebra por dos motivos claros. Que la banca acreedora le cortase las líneas de factoring que tenía reconocidas y que financiaban el circulante del grupo precipitó la situación, pero el origen de los problemas detectados por el administrador concursal se remonta a 2015.


Fue ese el año en el que la familia Cortina y JZ Business, a través de su filial Hackett Inversiones 2010, compraron las empresas Castellana de Seguridad (CAESA) y Protección Castellana, con el objetivo de dar un paso adelante y crecer. “Los problemas de financiación alegados por la concursada en su memoria no dejan de tener relación directa con la adquisición”, señala el letrado de Baker Tilly, “es más, son consecuencia directa”.

Efectos en la plantilla

El administrador recuerda que la “imposibilidad de seguir financiándose con las líneas de factoring” y el “descubierto de servicios derivado del impago de la nómina de junio y de la paga extra de verano a una plantilla que, al tiempo de solicitarse el concurso, empleaba a más de 8.000 trabajadores” llevó al colapso que le ha tocado ordenar. Señala que los descubiertos que en ese momento soportó la empresa “hasta mediados de agosto no bajaron del 80%, y en algunos casos llegaron al 95%”, y que esto propició la “pérdida drástica de clientes”, ya que la imposibilidad de prestar servicios llevó a la resolución de contratos tanto con la Administración Pública como con privados.


Al final, la empresa se ha quedado con tan sólo el 20% de los trabajadores con los que contaba hace cinco meses. Ombuds Seguridad llegó a los 4.991 empleados, pero el 76,74% de la plantilla ha sido baja entre subrogaciones, finalizaciones de contrato, bajas voluntarias, excedencias y movilidad. En el caso de Ombuds Servicios, el recorte de los trabajadores ha alcanzado el 73,31% por el mismo motivo. Además, en el periodo de tiempo en que se ha gestionado la quiebra, se han cursado 31 despidos disciplinarios.

Búsqueda de un inversor

Baker Tilly ha abierto ahora la fase de liquidación ante la imposibilidad de sacar adelante un acuerdo con los acreedores. La recogida de ofertas para la venta de las unidades productivas concluye este lunes, 16 de diciembre, a las 13 horas, ante los juzgados de Madrid. La apertura de plicas tendrá lugar un día después.

Es la fórmula que tanto el tribunal como el gestor de la insolvencia consideran más favorable para dar continuidad a un grupo que cerró 2018 con unas pérdidas superiores a los 15,7 millones de euros y que sus números rojos, que arrastra desde hace como mínimo cuatro años, alcanzarán los 8,4 millones en el cierre provisional del ejercicio en curso. Se espera que los restos de Ombuds acaben en manos de algún otro gran grupo de la seguridad privada europea.

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