Óscar Hernández / La orden judicial para que sean expresamente los Mossos d’Esquadra los que tengan que vigilar todas las dependencias judiciales en Catalunya, que ha dictado esta semana el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha sorprendido al sector de la vigilancia privada además de a los cuerpos policales públicos. De hecho, en la mayoría de dependencias judiciales de Madrid, como en otros puntos de España, la custodia de estos edificios se encarga a empresas de seguridad y no a las fuerzas de seguridad del Estado.
«Si a alguien se le ocurre hacer una pintada, los vigilantes privados lo ven por las cámaras de circuito cerrado y pueden salir a detener al grafitero o alertar a la policía para que lo cojan. Pero no tiene mucho sentido que se destine a funciones de vigilancia estática a un mosso o un policía, que deberían patrullar y que tiene más capacidades y formación, en lugar de un vigilante de seguridad».
De hecho, los vigilantes se han ido incorporando cada vez más a la protección de edificios públicos, sobre todo en controles de acceso. También han empezado a vigilar algunas cárceles españolas. Estas competencias, como las de control en aeropuertos y estaciones, donde actúan como auxiliares de la Policía y la Guardia Civil, se han aplicado por su menor coste.
Esta misma semana, el ‘conseller’ de Interior, Miquel Buch, ha hecho varios guiños a la incorporación de los vigilantes privados a la seguridad pública, sobre todo en urbanizaciones del Maresme, como dijo él mismo a los alcaldes de la zona.
Agentes de la autoridad
Buch también reiteró el jueves, en un acto del Dia Català de la Seguretat Privada en Terrassa, que «la colaboración y cooperación entre los diferentes colectivos de la seguridad en Catalunya es muy importante». El ‘conseller’ añadió que «el modelo de seguridad en Catalunya ha demostrado ser un modelo de éxito con la colaboración, la información y la corresponsabilidad del sector de la seguridad privada» y agradeció los vigilantes la cooperación con cuerpos policiales y la labor que realizaron tras los atentados del 17 de agosto del 2017 en Barcelona y Cambrils.
Los sindicatos de los vigilantes de seguridad siempre han reclamado ser agentes de la autoridad para ejercer esta función de protección en espacios públicos y sentirse judicialmente más protegidos. También solicitan más medios, como el uso de chalecos antipinchazos y guantes anticortes ya que las situaciones a las que se enfrentan son cada vez más peligrosas.
Fuente: www.elperiodico.com
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