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lunes, 3 de febrero de 2020

La mala gestión y una sentencia del Supremo pueden dejar a los 3.000 trabajadores de Ombuds en la calle.

Ana Carvajal / El viacrucis de Ombuds Compañía de Seguridad SA y los cerca de 3.000 últimos trabajadores de su plantilla está tocando a su fin. El administrador concursal de la sociedad comunicó este lunes, 27 de enero, a los representantes de los trabajadores el inicio de un ERE extintivo que finalizará a más tardar el 30 de marzo, y que afectará a todos los empleados que no puedan ser subrogados antes de esa fecha. 

La caída de Ombuds, que por entonces contaba con cerca de 9.000 empleados, al vacío comenzó en el mes de junio pasado. Una venta fallida a un supuesto magnate mexicano con el que la familia Cortina, dueños en origen de la sociedad, quería acabar con la hegemonía de Prosegur en el sector de la seguridad privada de España y Latinoamérica, un inesperado e injustificado corte de la financiación bancaria de la mano del Santander –accionista de Prosegur-, y la negativa del grupo JZY –propietaria del 75% de Ombuds- a seguir poniendo dinero en manos de unos gestores tan desacreditados como los Cortina, llevó a la quiebra a tercera compañía del país en número de vigilantes. 

En realidad, el camino hacia ninguna parte de Ombuds cabría datarlo en el año 2015 con la compra de Castellana de Seguridad, una compañía que había crecido como la espuma en los años de la Gürtel madrileña, haciéndose con contratos públicos a mansalva. Su por aquel entonces director general, Francisco Javier García Saldaña, "a quien algunas fuentes del sector atribuyen muy buenas relaciones con el Partido Popular", tal y como publicó Vozpopuli en abril de 2018, consiguió vender su mastodóntica y escasamente rentable compañía a los Cortina, colocando a Ombuds en graves problemas de liquidez y solvencia. García Saldaña es uno de esos llamados “conseguidores” del sector que presumen de cartera de clientes en la administración pública y que, tras su reciente salida de Ombuds, ha terminado recalando en las filas de Prosegur hace escasas fechas. 

El impago de salarios y seguridad social que Ombuds mantiene con sus trabajadores desde el pasado mes de junio hace inviable que, tras la doctrina establecida por una sentencia del Tribunal Supremo en 2018, otras empresas del sector quieran hacerse cargo de los servicios que hasta ahora mantiene como contratista –Metro de Madrid, EMT, Ayuntamiento de Fuenlabrada, Centros Penitenciarios-, lo que deja a sus trabajadores sin más salida que la del mencionado ERE. Es el caso de los vigilantes de seguridad de la compañía que hasta el 31 de diciembre pasado prestaban sus servicios en Prisiones y que llevan sin trabajar desde entonces, al quedar desierto el concurso que el Ministerio de Interior realizó para sustituir precisamente a Ombuds.

Los clientes que aún le quedan -la mayoría administración pública- temen un final parecido al de Prisiones: sacar un concurso público para sustituir Ombuds por otra compañía de seguridad capaz de hacerse cargo del servicio y de sus trabajadores y comprobar que no se presenta ninguna. Empresas como Prosegur, Segurisa o Ilunion, que se hicieron cargo de clientes de aquélla como Carrefour o IFEMA hace unos meses, se enfrentan ahora a las demandas y reclamaciones de los 6.000 trabajadores subrogados. Una deuda de tal tamaño que hace imposible rentabilizar esos servicios y que se convierte en barrera capaz de disuadir a cualquier compañía del sector de hacerse cargo de los 3.000 trabajadores que aún quedan en el resto de clientes –sobre todo por tratarse de servicios contratados a un precio muy ajustado, como es norma con la administración pública-.

Una mala sentencia del Supremo

Hasta 2018, los trabajadores que prestaban sus servicios -normalmente vigilantes de seguridad o personal de limpieza- para una empresa contratada por algún organismo público o privado, quedaban subrogados como trabajadores en el caso de que se produjera un cambio en la titularidad de la contratista, lo que les permitía conservar sus puestos de trabajo. Sin embargo, la sentencia del Supremo 3545/2018, Sala de lo Social, modificó la doctrina seguida hasta entonces al declarar que “la nueva contratista debe responder solidariamente del pago de las deudas salariales contraídas por su antecesora”. Este giro doctrinal ha llevado a que los 3.000 trabajadores que aún quedan en Ombuds se vean abocados a perder su empleo después de llevar más de 20 años, en algunos casos, trabajando en el mismo servicio. 

El Fallo del TS –con un voto particular formulado por el magistrado Luis Fernando digno de leer-, interpretado a la sombra de una sentencia del STJUE del 11 de julio de 2018, conduce a una situación más que complicada a todos los trabajadores que, como en el caso que nos ocupa, se vean inmersos en la quiebra de la empresa para la que prestan sus servicios. A partir de ahora, los trabajadores pueden terminan pagando el pato de la mala gestión del empresario de turno.
Fuente: www.vozpopuli.com

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