Cádiz, 27 jun (EFE) / Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han investigado al director, al jefe de estudios y al instructor de tiro de un centro de formación de San Fernando (Cádiz) por presuntas irregularidades en la concesión de títulos de 32 alumnos de cursos de Vigilantes de Seguridad Privada.
Según informa la Policía Nacional en una nota de prensa, la investigación se inició cuando en una de las inspecciones y controles de las prácticas de tiro que se realizan en los centros de formación surgieron sospechas de que los alumnos de un centro habrían obtenido sus diplomas sin haber hecho estas pruebas legalmente ya que la academia no contaba con la autorización correspondiente.
Para evitar los elevados costes de las prácticas de tiro, los responsables del centro recurrían a simuladores de tiro y a revólveres de fogueo y aseguraban a los alumnos que estas prácticas eran totalmente válidas.
Sin embargo el módulo de armamento y tiro obliga a la realización de prácticas de tiro con revólveres de dotación para vigilantes que necesariamente tienen que realizarse en una galería de tiro autorizada, con munición real o de fogueo y tuteladas por un instructor de tiro acreditado.
Por eso el centro de formación debe contar con las pertinentes autorizaciones administrativas otorgadas por la Dirección General de la Guardia Civil.
La organización y realización de las prácticas de tiro con revólveres para vigilantes tiene un coste que puede oscilar entre los 1.000 y 1.500 euros por sesión, que no todos los centros pueden asumir "dada la fuerte competencia en el sector de la formación de aspirantes a Vigilantes", donde se ofrecen cursos de seis semanas de duración y al menos 180 horas lectivas por entre 350 a 400 euros por alumno.
Los alumnos participantes en el curso investigado se enfrentan ahora a la posible anulación de sus titulaciones, una cuestión que tendrá que dirimir un juzgado.
No es la primera vez que uno de los directivos del centro, con habilitación de vigilante de seguridad y con una larga trayectoria en el sector, es investigado y sancionado por irregularidades, incluso con la perdida de la autorización para impartir este tipo de docencia.
A pesar de ello abrió nuevos centros de formación a cuyo frente ponía como directores a terceras personas con escasos conocimientos, mientras él permanecía en un segundo plano para no levantar sospechas "por su azarosa trayectoria profesional", explica la Policía.
A los tres investigados dentro de la denominada "Operación Aula" se les imputa un delito de falsedad documental.
Fuente: www.lavanguardia.com
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