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jueves, 26 de septiembre de 2019

Metro, Renfe, Ferrocarrils y Tram se unen contra las pintadas, que cuestan 15 millones al año.

Óscar Hernández / Todos los operadores ferroviarios se han unido contras las pintadas en trenes y estaciones. Y desde tres frentes: incrementando la vigilancia, impulsando una campaña publicitaria que han presentado hoy y promoviendo una reforma del Código Penal para castigar estas acciones que. sólo el año pasado, costaron 15 millones de euros a Metro, Ferrocarrils, Tram y Renfe.

La iniciativa, presentada por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), en un acto al que han asistido directivos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat, Tram y Renfe, además de un comisario de los Mossos d'Esquadra, tiene como eje central una campaña de publicidad en la que se insiste en que "el vandalismo es inaceptable" y que "los actos vandálicos en el transporte público tienen un coste muy alto". Los creativos recuerdan al público general que los autores de las pintadas "no respetan, no son artistas y no dan la cara".

Más agresivos

Pere Torres, director general de ATM, ha explicado que aunque el fenómeno de las pintadas no es nuevo, en los últimos meses se ha agravado por estos tres factores: "La proliferación, la agresividad de los autores y que una parte de los actos se hacen para una competición". Ha añadido que, por este motivo, los distintos operadores constituyeron un grupo de trabajo para abordar un problema "que cuesta 15 millones de euros al año". Torres ha detallado que las empresas implicadas han aumentado la inversión en seguridad, han trabajado para perseguir penalmente estas acciones "con el enfoque del daño en el material y alteración del servicio" y apuestan por la sensibilización con la nueva campaña.

"La campaña disipa dudas sobre la falsa creencia de que esto es arte cuando en realidad se trata de un vandalismo que perjudica el interés general", ha argumentado Torres, quien se ha referido a la retirada de los trenes para su limpieza o a tener que reducir el servicio al quedar los convoyes dañados.

Persecución penal

Rosa Alarcón, concejal de Barcelona y presidenta de TMB, ha subrayado que todas las empresas de transporte público sobre raíles se hayan unido "con un acuerdo que nos afecta a todos". Además de la concienciación a través de los anuncios, que se emitirán no solo en medios de comunicación, sino también en redes sociales y en las pantallas del transporte público, Alarcón destacó la necesidad de reformar el Código Penal para que el vandalismo no quede impune.

Aunque para llevar adelante la reforma legal todos coinciden en que hay que esperar a que se recupere la actividad en el Congreso de los Diputados, la propuesta de las empresas de la ATM se basa en modificar el punto primero del articulo 557 del Código Penal para que cuando se castigue de seis meses a tres años de prisión la comisión de delitos en grupo se añada si estos afectan al funcionamiento del transporte público.

Mayte Castillo, directora de Rodalies, ha recordado la complejidad de las labores de limpieza de los trenes afectados ya que "se tienen que realizar con unas estrictas normas ambientales y para poder hacerlo hay que quitar del servicio esas unidades". El problema se agrava cuando los grafiteros pintan además los cristales del maquinista de una unidad preparada para funcionar. Aunque lo más destacado por todos los responsables ferroviarios y por el comisario de Prevención y Mediación de los Mossos, Josep Codina, es la mayor agresividad de los grafiteros, que se han enfrentado varias veces a vigilantes, empleados y hasta al público, sobre todo desde finales del año pasado.

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