CRÓNICA GLOBAL / Los Cortina son apartados de sus facultades tras la aceptación a trámite de la quiebra por parte del Juzgado Mercantil 13 de Madrid.
El bufete Baker Tilly Concursal es desde este martes la nueva responsable del grupo de seguridad privada Ombuds. Así lo ha decidido el Juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid, encabezada por Barbara María Córdoba, al declarar el concurso voluntario de acreedores de la compañía que da empleo a 8.000 personas en todo el país.
De esta forma, la familia Cortina pierde todas sus facultades administrativas y patrimoniales en la compañía. Sus responsabilidades recaen tras la intervención judicial, que intentará buscar una salida viable para la empresa en los próximos meses.
Informe concursal inicial
El primer encargo al nuevo administrador concursal será elaborar el informe inicial sobre el estado actual de las arcas del grupo con el detalle de todas las personas, físicas o jurídicas, a las que debe dinero.
La magistrada reconoce en el auto de aceptación de la quiebra que esta trabajo será “complejo”, pero lo tramita por la vía ordinaria y da dos meses a los letrados de Baker para que completen la radiografía.
Más de 50 acreedores
La lista que se incluía en la petición del concurso voluntario incluía a más de 50 personas y el inventario aportado supera los cinco millones de euros. El pasivo aún no se ha determinado, aunque sólo con las deudas a la Agencia Tributaria se superan los 4,3 millones.
Además, se debe contar que la práctica totalidad de la plantilla no ha cobrado ni la retribución de junio ni la paga extraordinaria de julio, y se espera que tampoco perciban la nómina del mes que está a punto de terminar.
Revisión de las cuentas
Baker Tilly Concursal tiene vía libre para acceder a las instalaciones de Ombuds con el objetivo de revisar sus libros de contabilidad. La magistrada les autoriza a recabar todos los documentos e información sobre la marcha del negocio que considere oportuna para poner cifras concretas a la quiebra del grupo.
Los Cortina, además, disponen de cinco días para complementar todo el inventario de bienes y derechos. Debe especificar cuántas cuentas bancaria tiene abiertas, la lista de deudoras exacta y la partida de existencias.
Los acreedores también deben poner en conocimiento de la administración concursal los compromisos de pago que la empresa no ha podido atender. Disponen de un mes desde que se publique el auto de declaración de concurso voluntario en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Fuente: www.cronicaglobal.elespanol.com
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