CRISTINA FARRÉS / Los trabajadores de FGC, Renfe y la Ciutat de la Justícia piden a la familia Cortina que reconozcan la situación económica de la empresa.
La familia Cortina, propietaria de la empresa de seguridad privada Ombuds, dispone de poco más de cuatro días par decidir si renuncia a sus contratos de servicios que tiene en Cataluña. Esta ha sido la reclamación que los trabajadores de este sector, le han hecho llegar en los actos de mediación que la Generalitat ha activado para intentar atajar la crisis laboral que se ha generado tras la declaración del preconcurso de acreedores en el grupo.
Unos 300 vigilantes catalanes se han quedado sin cobrar la nómina de junio, ya que la compañía alegó que no disponía de los fondos necesarios para retribuir a sus 8.000 empleados. Este viernes los impagos con los trabajadores irán a más. La empresa tampoco podrá abonar la paga extraordinaria y crecerá el nerviosismo sobre el futuro de la plantilla.
Concesión de servicios públicos
Por este motivo, se pide a los Cortina que hagan un ejercicio de realismo y acepten la situación. El sindicato que está presente en la negociación señala que el grueso de los contratos que tienen en Cataluña los han conseguido en procesos de concurrencia pública, por lo que podrían rescatar los empleos si se renunciara a su prestación.
Hay varios escenarios posibles, desde que el adjudicatario asumiera de forma directa el servicio a que activase una nueva licitación por la vía de la urgencia o que se adjudicara a la segunda oferta de las que se habían presentado en su día. El requisito que se defiende como indispensable es el de la subrogación de los trabajadores. Se reconoce que si se prolonga la situación actual los vigilantes sólo acumularán más monto de deuda de una empresa en la que tienen poca confianza de que se pueda recuperar.
Huelga indefinida
Todo ello, con la amenaza de que el próximo 16 de julio se iniciará una huelga indefinida para denunciar la situación. Los dueños de Ombdus Seguridad piden a los trabajadores más tiempo. Como mínimo, hasta finales del mes en curso. Han explicado que cuentan con una inversor que les habría mostrado su interés en dar el balón de oxígeno económico que requiere el negocio aunque la operación aún no estaría cerrada.
Ya explicaron en su día que la declaración del preconcurso de acreedores voluntario el pasado 30 de junio estuvo motivado porque la banca con la que trabajaban les había cerrado “de forma inesperada” las líneas de financiación comercial con las que operaban, el factoring. Con todo, sus problemas económicos se remontan en el tiempo e incluso debe dinero a la Agencia Tributaria (41,5 millones).
Servicios mínimos
Este viernes se verán de nuevo las caras en el Departamento de Trabajo de la Generalitat, donde está convocado el segundo encuentro de mediación. Allí también se plantearán de nuevo la necesidad de determinar unos servicios mínimos por la singularidad del trabajo que realizan.
En FGC, donde ya se han iniciado las protestas a través de un aluvión de bajas laborales, son los Mossos d’Esquadra los que refuerzan la vigilancia en los trenes en los turnos en los que no hay suficiente personal. Desde la Ciutat de la Justícia se pide una solución al conflicto laboral e, igual que en la empresa pública, se le ha requerido a Ombdus que garantice que se prestará el servicio. Si no lo hace, se dejaría la puerta abierta a la resolución del contrato.
Ombdus también se encarga de los vigilantes de seguridad privada de las líneas de Renfe en todo el país y de la vigilancia del centro comercial Maremagnum.
Fuente: www.cronicaglobal.elespanol.com
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